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La crisis cambiaria que se venía gestando desde hace meses finalmente estalló y el gobierno aplicó la maxi-devaluación que tanto criticaba. No solo eso. Ya comenzó a transitar el camino ortodoxo que prometió eludir. Con la  devaluación se inició el primer capítulo de un ajuste tradicional, que seguirá con aumento de tasas de interés, contracción monetaria y apriete fiscal, para incrementar los ingresos de los poderosos a costa del salario

 

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La política gradualista del gobierno para enfrentar estos desequilibrios (mini-devaluaciones diarias, reducción de subsidios, acuerdos con cadenas de supermercados y distribuidores)  terminó como era previsible. No soportó la presión de los devaluadores y la falta de ingreso de dólares. Resultado: devaluación del 18% en dos días, que completa un 60% en el año y estampida de precios. Como toda devaluación esta lleva implícita una fuerte transferencia de ingresos de los sectores populares (asalariados, jubilados, beneficiarios de planes sociales) a los sectores del capital concentrado.

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Un gran ajuste. Sin embargo los mercados no se tranquilizaron. El levantamiento parcial del control para permitir atesoramiento no hizo más que abrir una nueva ventanilla de salida mientras que el encarecimiento del turismo al exterior no logró frenar esa sangría mientras que quienes ingresan al país siguen liquidando sus dólares en el mercado negro. A esto hay que agregarle que las reservas son utilizadas para mantener pagos de una deuda externa que nunca fue investigada junto con pagos genuinos de deuda pública y privada. No es serio afirmar como hace el gobierno que “esta devaluación será distinta”. Los efectos ya están a la vista en los primeros días: inflación que se acelera, incumplimiento de los acuerdos, desabastecimiento de productos.

El gobierno improvisa cotidianamente medidas poco coherentes. Un día anuncia medidas de control y al otro, medidas “amigables” para los mercados. Afirma que hay conspiración, pero hace la devaluación que exigen esos conspiradores. La oposición de derecha aprovecha, pero no quiere tumbar al gobierno. Su objetivo es empujarlo a que siga haciendo el trabajo sucio.

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Los Economistas de Izquierda hemos señalado en diversas oportunidades: el esquema económico gestado por el kirchnerismo es fuertemente dependiente del ingreso de divisas generadas por el agro y de la captura de recursos fiscales vía retenciones. Tanto la Mesa de Enlace como las exportadoras conocen bien estas debilidades del “modelo” y operan sobre ellas, demorando la venta de la cosecha y la liquidación de divisas, promoviendo la devaluación que mejorará sus ingresos e incrementara sus ya abultadas ganancias a costa del bienestar de la mayor parte de la población.

Pero esta innegable capacidad de presión de productores y exportadores para agudizar la restricción externa y de desfinanciar al Estado no puede ocultar la responsabilidad del gobierno nacional, que interviniendo el INDEC y negando una y otra vez la inflación, dejó crecer los precios internos que abultaron la rentabilidad capitalista. Esta política condujo en definitiva a la presión sobre el tipo de cambio.

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El gobierno resiste las presiones porque sabe deteriorará aún más los salarios y luego concede. Los trabajadores legítimamente saldrán a exigir recomposición del poder adquisitivo, si no se frena la remarcación de precios
que hacen  los grandes capitalistas el ciclo se realimentará una y otra vez. Como en otras devaluaciones ya están en marcha todos los complementos tradicionales de la ortodoxia: suba de las tasas de interés, reducción de gastos y de la emisión monetaria. El gobierno niega estas medidas y luego las aplica.

El equipo económico busca ganar tiempo esperando el ingreso de dólares de la cosecha gruesa en los próximos meses y que de resultado positivo alguna de las tantas gestiones para conseguir financiamiento externo. Pero al ritmo actual de caída de reservas en ese tiempo de espera, puede producirse un desfasaje entre ingresos y salidas con consecuencias más que dramáticas.

Todos los opositores derechistas son devaluadores. Cuestionan las medidas por pura demagogia cuando en realidad piensan profundizar el ajuste. Ninguna propuesta intenta resolver la crisis con medidas que no se descarguen sobre los trabajadores y los sectores populares. Por el contrario son estos los únicos que objetivamente se oponen a las devaluaciones y son favorables a los controles de precios efectivos.

Actuar con urgencia y decisión política

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Frente a la evidencia que por el camino actual se marcha a una agudización de la crisis y a mayores ajustes, desde distintos sectores se está reclamando la inmediata reconstitución del manejo estatal del comercio exterior. Los Economistas de Izquierda entendemos que se debe discutir como concretar esa medida. No hay otra forma de solucionar las tensiones sino se busca una solución de fondo. Y esta solución no es otra que una versión actualizada de la Nacionalización del Comercio Exterior, de la implantación de Organismos Reguladores (Juntas o Agencias),  eficientes que defiendan la producción nacional y fijen los precios de los alimentos, poniendo término así a la especulación que hacen los grandes productores, acopiadores, comercializadoras y fondos de inversión con el tipo de cambio y los precios internacionales y saque el negocio de las manos de los monopolios exportadores. Ese sistema instaurado por el menemismo y hasta ahora preservado por el gobierno, que no ha hecho más que observar como controlan el mercado de granos y se apropian de buena parte de la renta.

 

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Es importante subrayar que es una propuesta que hay que aplicarla bien para que el remedio no sea peor que la enfermedad. Es una propuesta prioritaria que hay que aplicar de inmediato antes que el BCRA se quede sin reservas y no tenga margen de maniobras (por eso se debe exigir de inmediato la liquidación de los 3.500 millones de dólares retenidos, bajo amenazas de actuar con la máxima penalidad). No es una propuesta que funcionará en paralelo al actual sistema de comercialización, por el contrario es una propuesta que reemplaza integralmente a lo que ahora esta en manos privadas (acopios, puertos, negociación con clientes, etc.). Una propuesta de esta naturaleza no puede repetir lo que se hizo con YPF. Un día expropiar y varios meses después aceptar pagar más de 5000 millones de dólares a los responsables del saqueo. Medidas así, carentes de mínima consecuencia, terminan agravando el problema. Irritan a los poderosos y no despiertan confianza popular. La estatización del comercio exterior debe instrumentarse sin concesiones a los grupos privados que hoy manejan la actividad.

 

Los puertos privatizados son la salida al exterior, al estar en manos privadas el Estado no puede ejercer un efectivo contralor. Para EDI Nacionalizar los Puertos permitirá controlar efectivamente que el volumen de las exportaciones coincida con lo declarado por los exportadores y cerrará así otra fuente de escape de divisas.

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Pero esta no puede ser una medida aislada. La captación estatal de los dólares retenidos servirá si al mismo tiempo se actúa sobre los precios y los ingresos populares. Sobre los primeros es necesario un Control Efectivo de los Precios, los acuerdos en el mejor de los casos duran unos meses, hay que fiscalizar los costos de producción y comercialización de las formadoras de precios. Hay que convocar a los trabajadores para que sean ellos quienes ejerzan el contralor de los costos en fábricas y distribuidoras, y especialmente a los empleados de comercio para el control de los precios acordados en supermercados y negocios minoristas. El Estado debe garantizarles la inmunidad en el trabajo a todos ellos.

Asimismo, hay que impulsar la construcción de mercados populares mayoristas con control social articulados con comercios
locales y movimientos populares para crear canales alternativos (como los MERCAL venezolanos) para enfrentar el poder de mercado de los oligopolios productores y distribuidores de mercancías.

La Ley de Abastecimiento está en vigencia y el gobierno debe estar decidido a ponerla en práctica a la menor transgresión de las normas establecidas.

Por el lado de los ingresos hay que compensar ya mismo la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y planes sociales, con un Aumento de Emergencia como paso previo al llamado a paritarias sin techo. Al mismo tiempo que se prohíben los despidos mientras persista la crisis.

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 No hay formas de frenar la salida de capitales del proceso productivo sin un estricto control de los movimientos financieros asentado en la Nacionalización del sistema Bancario. En las condiciones actuales ninguna medida para incrementar la provisión de divisas tendrá resultado duradero. Es el Estado quien debe manejar todo el movimiento de divisas en el país. Ninguna entidad privada debiera estar autorizada a realizar operaciones de ese tipo, lo que a su vez requiere un Control de Cambios serio y transparente, que controle la veracidad de las operaciones e impida la corrupción, que priorice el uso de las divisas en función de las necesidades del país. Lo que hay ahora es un control caprichoso e irracional de las divisas.

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Las concesiones al CIADI, las ofertas a los fondos buitres, a Repsol y al Club de París, los peregrinajes del ministro Kicillof buscando fondos frescos, no han dado resultado alguno, salvo abrir el canal de nuevos endeudamientos. El país tiene bloqueado el acceso al crédito y las inversiones si llegan  lo harán en cuenta gotas y exigiendo mayores prebendas.

Desde EDI sostenemos que Argentina debe denunciar los Tratados Bilaterales de Inversión, salir del CIADI. Es urgente una Reforma Tributaria Progresiva y Recuperar las Contribuciones Patronales cedidas en los años ’90 para fortalecer el ahorro y la inversión interna.

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Para los Economistas de Izquierda este es el momento. La Nacionalización el Comercio Exterior, con las medidas complementarias señaladas, tendrá profundas consecuencias estratégicas para la economía argentina, evitará que la crisis la paguen los trabajadores, abriendo el rumbo para implementar una política económica que favorezca a las mayorías populares.

Somos conscientes que este tipo de medidas serán rechazadas por el bloque socio-económico en el poder y las clases dominantes, por lo que requieren de la construcción de un fuerte consenso popular que asuma el proyecto político, que aun en el marco del capitalismo, esté dispuesto a transitar un rumbo de transformaciones profundas de la economía, el Estado y la sociedad y que potencie las relaciones económicas, sociales, culturales y políticas con los países de la región latinoamericana para una integración soberana.”

Buenos Aires, febrero de 2014

Primeras firmas:

Claudio Katz / Eduardo Lucita / Jorge Marchini / Alberto Teszkiewicz / Julio Gambina / Mariano Féliz/ Ariel Slipak/ Martín Kalos

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