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Por Antonio Mota[i] y Vanda Souto[ii]

Traducción de Silvia Said para Democracia Socialista

Publicado en www.insurgencia.org

19 de Abril de 2016

 

Resumen: el artículo es una contribución al debate sobre la situación actual en América Latina y tiene como objetivo aportar algunos elementos de análisis de la coyuntura latinoamericana y, especialmente, brasilera. Partimos de un panorama histórico de la elección de gobiernos de centro izquierda en la región y, a partir de allí, buscamos comprender los límites sociales y económicos del proyecto político de esos gobiernos. El texto está organizado en tres secciones: en la primera presentamos el contexto histórico de América Latina de fin del siglo XX que fue el telón de fondo para la elección de aquellos gobiernos; luego nos dedicamos al análisis del gobierno de Lula da Silva señalando las continuidades y rupturas que tuvieron lugar a lo largo de los seis años de mandato; por último, discutimos los límites inherentes al propio modelo social-liberal desarrollado en Brasil. Es importante resaltar que este texto fue escrito a dos manos con tita roja. Con eso, el texto también se propone instalar un amplio debate dentro de nuestra organización acerca del posible fin de un bloque histórico y los desafíos que enfrentan las organizaciones que se afirman socialistas. Es preciso poner la lupa en el avance de las fuerzas capitalistas en América Latina, sin perder de vista el horizonte de su articulación desigual y combinada con la economía mundial y el escenario político que se forma. 

Palabras claves: América Latina; Brasil; Social-liberalismo

1.Introducción

La elección del gobierno de Macri en Argentina, la mayoría parlamentaria de la oposición en Venezuela y la derrota de Evo Morales en el plebiscito sobre la reelección presidencial profundizan la crisis por la que pasan los gobiernos “populares” y de “izquierda” en América Latina. Esa crisis se expresa también en Brasil con mayor intensidad desde la reelección de Dilma Rousseff en el 2014. Podemos caracterizar esta crisis en tres dimensiones: económica, político/ideológica y social. Desde el punto de vista económico la crisis se expresa en la especialización de la producción de mercancías de bajo contenido tecnológico; el desplazamiento del centro dinámico de la economía hacia el mercado internacional; revitalización de actividades típicas de una economía colonial fortaleciendo al latifundio, basada en monocultivos, en explotación de mano de obra barata y depredación del medio ambiente (SAMPAIO, 2010, pág. 46). Con eso la región profundizó su inserción en la economía mundial como plataforma de valorización financiera. La dimensión política e ideológica de la crisis se expresa en el abandono del socialismo como perspectiva estratégica por el Partido de los Trabajadores – PT y la consecuente despolitización del neoliberalismo que restringe la política a una cuestión administrativa, de gestión de política económica. En cuanto a la dimensión social, podemos caracterizar los gobiernos del PT como social-liberal, basada en una política económica ortodoxa con atenuantes sociales como el caso de la valorización del salario mínimo, expansión del crédito, creación de nuevos puestos de trabajo.

2.El avance del neoliberalismo en América Latina y el “Consenso de Washington”

A partir de la segunda mitad de la década de 1970, el capitalismo entró en un período de grave crisis económica, que abrió el espacio para una amplia crítica teórica y política a la social-democracia y macroeconomía keynesiana. Estos serían los responsables por haber ampliado la participación del Estado en la economía, y haber perjudicado la iniciativa privada y los mecanismos del mercado.

No obstante, antes que el neoliberalismo ganase fuerza con los gobiernos de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, en 1973, Chile se convertía en uno de los primeros laboratorios del neoliberalismo. El golpe militar del 11 de Septiembre de 1973 puso a los llamados “Chicago Boys” -economistas formados en la Universidad de Chicago, lugar de nacimiento de las principales teorías vinculadas al neoliberalismo- a cargo de la economía chilena. Se puede leer en un documento que sirvió de base para política económica de Pinochet, que “El funcionamiento del mercado, la apertura al comercio exterior y el establecimiento de políticas globales de planificación de la economía harían posible un alto dinamismo y un rápido crecimiento” (CEP, 1992, pág. 68).

Lo mismo ocurrió en Argentina en 1976 con el golpe militar y la asunción del Ministro José Martínez de Hoz. En el libro que el ministro publicó poco después de su salida del Ministerio de Economía, es enfático al afirmar que “los dos pilares básicos de los que se derivan los grandes rumbos del progreso económico anunciado el día 2 de abril de 1976 fueron la función subsidiaria del Estado y la apertura económica” (HOZ, 1981, pág. 30).

En la década de 1980, con la crisis de divisas, el aumento de los niveles de inflación y el agotamiento del “desarrollismo”, el neoliberalismo ganó aún más fuerza en la región. El caso de Bolivia es paradigmático: el presidente Víctor Paz Estenssoro -el mismo que en las décadas de 1950 y 1960 había desarrollado una política nacionalista y reformista- firmó el Decreto Supremo del 29 de agosto de 1985, que impuso una política monetarista. En Brasil, tras el fracaso de los planes Cruzado y Bresser, el neoliberalismo ganó fuerzas al final del gobierno de Sarney.

El comienzo de la década de 1990 representa la consolidación política y económica en la región, particularmente con los gobiernos de Fernando Collor de Mello, en Brasil; Carlos Menem, en Argentina; Alberto Fujimori, en Perú; Carlos Salinas, en México y Luis Alberto Lacalle, en Uruguay. Comienzo de un largo período de privatizaciones, contrarreformas laborales y en materia de seguridad social, desmantelamiento de servicios públicos, “ajuste fiscal” y aumento de represión a los movimientos populares y sindicatos.

Con eso, las economías latinoamericanas iniciaron un nuevo periodo de inserción a la economía mundial, caracterizado por Paul Singer como una “dependencia deseada” (SINGER, 1998). Es decir, la política económica neoliberal profundizó la dependencia económica de la región y buscó introducir a América Latina de forma subordinada en el capitalismo financiero.

La retórica neoliberal reafirmaba que la región reencontraría la trayectoria de crecimiento económico sustentado si promovía los ajustes fiscales y las instituciones necesarias para disminuir la acción del Estado en la economía, desmontar las políticas “desarrollistas”, quitar las regulaciones y subsidios y “flexibilizar” las condiciones de producción. Mientras tanto, esa retórica logró mostrarse falsa. La primera señal fue la crisis financiera de México de 1995 y que rápidamente se expandió a otros países como Brasil y Corea del Sur. Sin embargo, el gobierno mexicano recibió un paquete de socorro de la Reserva Federal del FMI, por la cual el gobierno mexicano se comprometía a mantener las políticas de ajuste. Observamos que, en ese momento, los primeros signos de fracaso de las políticas neoliberales han sido interpretadas como consecuencias de la lentitud en la ejecución del “manual ” neoliberal antes que la expresión de sus contradicciones inherentes.

En 1998 y 1999 las crisis financieras continuaron afectando a varios países: Tailandia, Corea del Sur, Rusia y Brasil. Esto fue seguido por una nueva ronda de planes billonarios formuladas por el FMI, que exigía como condición una nueva profundización de las políticas neoliberales. Se iniciaba con eso un montaje institucional llamado “trípode macroeconómico”: el cambio pasaba a ser definido por el mercado; sería montado un sistema de metas de inflación como forma de señalizar al mercado el esfuerzo del gobierno de mantener el nivel de precios; y el gobierno se debía comprometer a realizar superávits primarios seguidos para estabilizar y dinamizar la relación divisa/PBI.

El 15 de enero de 1999, el Banco Central de Brasil permitió la fluctuación cambiaria; el 21 de junio fue publicado el Decreto 3.088 que establecía el régimen de metas de la inflación. La política monetaria se volvió aún más restrictiva con el aumento de la tasa de interés básica de la economía realizado por el Consejo de Política Monetaria el 5 de marzo 1999: la tasa Selic aumentó del 25 % al año al 45 % anual. Entre 1999 y 2001, el gobierno llevó a cabo un “ajuste fiscal” el aumento de la tasa de la Contribución Provisional sobre Las transacciones financieras (CPMF), Contribución al Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS), impuesto sobre la renta y la creación de la Contribución de Intervención en el Dominio Económico (CIDE).

Las contradicciones del neoliberalismo se hicieron notar también en otros países suramericanos. En Ecuador, después de una grave crisis económica, el gobierno adoptó la dolarización de su economía el 9 de enero de 2000.

Las consecuencias más graves del neoliberalismo en la región fue la crisis de Argentina en 2001. En medio de una grave crisis financiera, fruto de la política económica adoptada por el gobierno de Menem y su ministro de economía Domingo Caballo, el presidente Fernando de la Rúa renunció el 20 de diciembre d 2001. El vicepresidente había ya renunciado en octubre, lo que abrió una crisis institucional que empeoró la situación económica.

En Venezuela, el neoliberalismo se implementó con el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez (1989-1993). Curiosamente, en su primer mandato (1974-1979) Andrés Pérez había asumido una política económica nacionalista y de izquierda, nacionalizando la industria petrolífera y de hierro. La resistencia popular reaccionó velozmente y a fin de febrero de 1989 tuvo lugar el llamado “caracazo”, una rebelión popular desencadenada por el aumento del precio del boleto del colectivo, ocurrido luego del reajusto del precio del petróleo. En ese contexto ganó fuerzo el movimiento popular liderado por el teniente-coronel Hugo Chávez, de cuño nacionalista y que se oponía al programa neoliberal desarrollado por Andrés Pérez.

Incluso luego de la implementación del “ajuste estructural” y de las políticas neoliberales, las economías de la región mantuvieron bajas tasas de crecimiento, lo que empeoró la situación social de la región aumentando la concentración de la riqueza, el desempleo y el sub-empleo.

Desde el punto de vista de la clase trabajadora, el avance del neoliberalismo de la década 1990 fue dramático, pues representó la profundización de la explotación de la fuerza de trabajo, que históricamente caracteriza la estructura del capitalismo dependiente. Por ejemplo, en Brasil, el salario mínimo real, que venía de una trayectoria descendente desde comienzos de la década de 1980, alcanza su peor nivel en el comercio en la década de 1990. El Plan Real no alterar esta situación: los ajustes salariales empezaron a ser anuales, pero tenían poca apreciación real.

GRÁFICO 01– Salario mínimo real mensual (1980-2016.2) (R$)

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Fuente: IPEA

La sindicalización también disminuyó a lo largo de los años 1990, lo que sumado al contexto de reestructuración productiva, aumentó el desempleo y la creciente represión de los movimientos sociales, disminuyó sensiblemente la cantidades de huelgas en el periodo. En 1989 tuvieron lugar aproximadamente 4000 huelgas, ya en 1999 fueron alrededor de 500 huelgas.

GRÁFICO 02 – Huelgas estimadas en Brasil (1978-1999)

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Fuente: Pochmann (2001)

Como podemos ver, a lo largo del periodo de avance del neoliberalismo se amplió la dependencia económica de los países de América Latina volviéndose más vulnerables a las crisis financieras, aumento del desempleo y exclusión social, se promovió la inserción pasiva de los países de la región en la fase financiera del capitalismo, privatizó los servicios públicos y recortó derechos sociales y laborales. Sin embargo, no es correcto entender la historia desde una perspectiva unívoca: si el neoliberalismo sin duda representó un avance de la burguesía sobre la clase obrera de América Latina, también impulsó la resistencia popular. Jóvenes, estudiantes, sin tierra, funcionarios públicos, intelectuales, indígenas y otros sectores se destacaron en la lucha contra el neoliberalismo.

Durante una “crisis orgánica”, para usar una expresión de Antonio Gramsci, se abrió el espacio para el ascenso de gobiernos de centro izquierda en diferentes países de América Latina: Chávez, en Venezuela en 1998; Lula en 2002; Néstor Kirchner, en Argentina en 2003; Tabaré Vázquez en Uruguay en 2005; Michelle Bachelet, en Chile en 2006; Evo Morales, en Bolivia en 2006 y Rafael Correa, en 2007.

A continuación, analizaremos un poco más detalladamente aspectos del gobierno de Lula da Silva en Brasil a fin de poder comprender los límites y posibilidades del ciclo político que se iniciaba en América Latina.

  1. Carta al pueblo brasilero y el montaje del social-liberalismo

La elección de Lula da Silva para el cargo de presidente de la República, en Brasil, en octubre de 2002 posee un carácter simbólico innegable: su historia se transformó en lo que podemos llamar la “síntesis de la miseria material”[iii] brasilera. Su destino era la gran ciudad, la seducción común de miles de trabajadores que emigran con la esperanza de días mejores. Después de la victoria electoral, Lula da Silva asumió el cargo como presidente en enero de 2003, y comenzó el gobierno afirmando que sorprendería fundamentalmente tanto la derecha como a la izquierda.

Lula era la principal figura pública del Partido de los Trabajadores y para muchos encarnaba el momento de ascenso político y sindical por el cual el país había pasado desde 1977. Fue en esa creciente movilización política de la clase trabajadora que, en 1979, durante el 9no Congreso de los Metalúrgicos del Estado de San Pablo, fue aprobada la propuesta de creación del Partido de los Trabajadores. El 1 de mayo de 1979 se hizo pública la Carta de Principios, en la que nuevamente se puede comprobar la radicalidad en el inicio del partido: “el PT se reúsa a aceptar en su interior, representantes de las clases explotadoras. Es decir, ¡el Partido de los Trabajadores es un partido sin patrones!”[iv]. En octubre de 1979 fueron publicados los otros documentos de Plataforma Política y la Declaración Política[v].

El PT fue fundado al año siguiente en el Colegio de Sion, en el aristocrático barrio de Higienópolis de San Pablo, el 10 de febrero. En ese momento se dio a conocer el Manifiesto Fundacional, un documento corto, pero que expresa la radicalidad del movimiento que dio nacimiento al PT. Puede leerse en el Manifiesto: “Somos un Partido de los Trabajadores, no un partido para engañar a los trabajadores. Queremos a la política como actividad propia de las masas que desean participar, legal y legítimamente, de todas las decisiones de la sociedad”[vi].

Por el pasado de grandes movilizaciones sociales, el gobierno de Lula da Silvia representaba la esperanza de transformaciones significativas del modelo económico establecido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) basado en las reformas del “Consenso de Washington” a favor de la mayoría del pueble brasilero.

Sin embargo, la administración de Lula da Silvia no consiguió superar el modelo de impronta liberal, que prevé la creación de metas de superávit primario, cambio fluctuante y metas de inflación adoptadas en el segundo periodo del gobierno de Fernando Henrique Cardoso (DEPORTE, 2011).

Cabe señalar que el PT sufrió una creciente moderación política. Un hito de esa moderación es la derrota de Fernando Collor en las elecciones de 1989. Para Mauro Iasi, en la propia campaña de 1989 se podía advertir una cierta moderación en comparación con las directrices partidarias anteriores (Iasi, 2012 , p . 451). A partir de ese momento:

El juego institucional ya era lo suficientemente complejo para producir un distanciamiento interno entre las direcciones y la base partidaria. La participación en los espacios de decisión y dirección ya era necesariamente medida por la participación de alguna agrupación, tendencia o bloque político y cada vez menos vinculada a una inserción real en algún movimiento social. Se consagra la figura del militante profesional, y las posibilidades de “liberación” se disputan según la correlación de fuerzas definida en los procesos de encuentros cada vez más masivos y despolitizados. El control de puestos en una máquina burocrática partidaria puede ser fundamental para aspirar a un lugar en la contienda electoral, que, por su parte, abre el acceso a la máquina burocrática de las administraciones municipales o a mandatos parlamentarios que, poco a poco, se convierten en la base real de la acción partidaria (IASI, 2012, pág. 454).

De a poco, palabras como “socialismo”, “transición” y “revolución” fueron desapareciendo de las resoluciones y documentos del Partido. El contrapunto al capitalismo pasa a ser la “democracia”. Seguramente la defensa de la democracia esté presente en los documentos del PT desde su inicio, más lo que cambia es el centro estratégico: antes, la democracia aparecía como uno de los atributos del socialismo que el PT (o al menos varias de sus corrientes) buscaba; con el tiempo “la democracia es el centro y el aspecto socialista aparece para clarificar la democracia que queremos” (IASI, 2012, pág. 455).

Después de tres derrotas electorales consecutivas, la dirección política de la campaña de Lula procuró moderar el discurso y emite un comunicado formal por medio de la denominada “Carta al pueblo brasilero”. El documento, fechado el 22 de julio de 2002, señalaba claramente un conjunto de compromisos para con las grandes financieras y sectores de las clases dominantes brasileras e internacionalistas. La carta, dónde el candidato Lula se comprometía a mantener el superávit primario, con la planificación y control de las cuentas públicas, el mantenimiento de las metas de inflación y el propio cambio fluctuante. O sea, una propuesta que se alejaba por completo de las directrices presentadas en 1989, cuando defendía la inmediata suspensión de cualquier pago relacionado a divisas externas. (DEPORTE, 2011).

Es preciso recalcar que, para viabilizar la victoria, Lula da Silvia conformó una red de alianzas políticas con partidos y fracciones de clases dominantes, anteriormente combatidas por el PT. En la boleta tuvo como candidato a vicepresidente de la república a José Alencar – Partido Liberal (PL), uno de los empresarios más importante del sector textil de Brasil, propietario de COTEMINAS.

Las alianzas operadas por el PT con los sectores dominantes para llegar al Gobierno Federal dicen mucho sobre cuán distante ya estaba el PT de aquellas ideas que impulsaron su creación. Montar un gobierno con un patrón ya no era un problema en el 2002. Es posible notar una nueva moderación de la práctica y el discurso PT: el rechazo a los patrones en la Carta de Principios de 1979 da lugar al rechazo de la burguesía parasitaria (terratenientes y las grandes financieras). Los empresarios “productivos” estarían invitados a apoyar y participar activamente del gobierno. Por lo tanto fue más que una inflexión: la defensa del “socialismo ” petista se transformó al anticapitalismo y desde éste último al anti-neoliberalismo.

De acuerdo con Marx y Engels es a partir del núcleo de alianzas que se puede demostrar como los diversos partidos son expresiones políticas más o menos adecuadas de las clases dominantes y sus facciones, que operan en consonancia con los intereses de clases, y, por lo tanto, como aceptaciones de las restricciones impuestas por el capital, nacional e internacional y en particular por las grandes financieras (MARX, ENGELS, 1978, p.94).

La conducción de la política económica recibió especial atención en el gobierno de Lula. Los ministerios que componen el llamado “equipo económico” del gobierno tomaron pocas substituciones, al contrario de lo que ocurriría en otros ministerios, que recurrentemente sirvieron como instrumento de negociación del gobierno con su base aliada. El Ministerio de Hacienda tuvo un solo cambio: la caída de Antonio Palocci -médico que había sido militante de la famosa organización Libertad y Lucha (Libelu)- y el ascenso Guido Mantega; en el de Planeamiento, dos: la substitución de Guido Mantega -que aumía la presidencia del BNDES antes de asumir a Hacienda- por Nelson Machado y su cambio por Paulo Bernado. Más el Banco Central no tuvo ningún cambio: el banquero Henrique Meirelles permaneció al frente de la institución durante el mandato de Lula. Ni si quiera las acusaciones de movimiento ilegal de divisas levantadas contra Meirelles por el entonces Procurador General de la República afectaron su cargo. Temiendo posibles nerviosismos del mercado en cuanto a un posible cambio en el Banco Central, Lula otorgó al presidente del Banco Central status de ministro, garantizándole fuero privilegiado.

El gobierno también eludió la lucha de clases en la internalización de los conflictos sociales en el aparato estatal, asignando los ministerios tanto en los representantes del capital como representantes de los trabajadores.

El mantener los pilares de la política macroeconómica provocó grandes tensiones desde los primeros años del gobierno, algunas de ellas se originaron fuera del PT –en intelectuales y movimientos sociales aliados al petiso- y otras de militantes trotskistas del propio partido, como fue el caso de Heloisa Helena (AL), Luciana Genro (RS), Babá (PA) y otros parlamentarios que fueron expulsados del PT y que dieron inicio a la construcción y fundación del PSOL (SECCO, 2015, p. 207).

Las primeras medidas del gobierno trataron rápidamente de demostrar que lo sostenido en la Carta al pueblo brasilero era cierto. Una de las primeras propuestas de enmienda constitucional remitida por el gobierno al Congreso refería a la reforma de las pensiones de los funcionarios federales. Curiosamente, el expresidente FHC, poco antes del fin de su mandato, afirmó: “Me gustaría haber hecho la reforma de las pensiones, porque hoy en día el mayor problema de la tasa de interés es que se requiere que el estado gaste más de lo que recauda. Principalmente porque gastamos R $ 75 mil millones, lo que corresponde al 25 % del presupuesto, para mantener a tres millones de personas, sólo los funcionarios públicos. He intentado un montón. Lamento no haberlo conseguido”. Esto lo conseguiría el gobierno de Lula y regularía el gobierno de Dilma.

Una importante fuente de demanda para la economía brasilera, principalmente su sector de commodities, fue el crecimiento acelerado de China que en el 2009 se convirtió en el principal socio comercial de Brasil. Si por un lado el creciente comercio chino-brasilero contribuyó a aumentar las reservar internacionales, también provocó que las exportaciones brasileñas comenzaran a centrarse en productos primarios, lo que profundiza la vulnerabilidad externa de la economía (GONÇALVES, 2013, pág. 93).

Del punto de vista de la política social, el gobierno pronto puso en marcha, en el 2003, el Programa Hambre Cero, un programa que tenía por objetivo establecer “la superación de la dicotomía entre política económica y política social, integrando políticas estructurales y de emergencia en la lucha contra el hambre y la pobreza” (GRACIANO, GROSSI, FRANÇA, 2010, pág. 8). Era un programa ambicioso, pero pronto tuvo su alcance centrado en el Programa Bolsa Familia, también creada en 2003 por la Medida Provisional 132. El salario mínimo tuvo una caída en su valor real en el 2003, pero ya en el 2004 presentó una tímida recuperación de 3,7 % y en el 2005 un aumento del 7%. Un aspecto importante de la valorización del salario mínimo es que también valoriza los beneficios sociales, como también otras formas de ingreso que toman al salario mínimo por base. También a partir del 2004 se expande el crédito para personas físicas y jurídicas (BARBOSA, SOUZA, 2010, pág. 65).

En el 2006 la conducción política-económica sufre un cambio parcial con el remplazo de Antonio Palocci por Guido Mantega. Mantega, un economista de histórica tradición dentro del PT, profundizó la estrategia de valorización real del salario mínimo y de transferencias directas de la renta, principalmente mediante la Bolsa Familia y el Beneficio de Prestaciones Continuas (BPC).

No obstante, la política económica sólo sufriría un cambio importante en el contexto de la crisis del 2008, cuando el gobierno brasilero desarrolla una política anti-cíclica, pero sin romper el trípode macroeconómico. La política económica, mediante la reducción de impuestos, centrada en la aplicación de demanda por bienes de consumo durables: automóviles (reducción del IPI para carros populares y motos); utensilios de la llamada “línea blanca”. También fue lanzado el Programa “Mi casa, mi vida”, que impactó en la generación de empleo sea de manera directa (en la construcción civil) o de manera indirecta en los sectores que proporcionan insumos.

El crédito se sigue expandiendo, lo que nos lleva a señalar que la estrategia de crecimiento construida durante el período posterior a la crisis se basa en gran medida en endeudamiento. Un problema central de esta estrategia es su rápido agotamiento debido a que el aumento de la deuda no se mantiene indefinidamente. En algún momento los préstamos tienen que ser pagados. Cabe señalar que la tasa de inversión de la economía no crece, o sea, incluso con las medidas de expansión del crédito y el aumento del consumo por el mercado interno, la clase dominante no expandió su inversión. Por lo tanto, a partir de 2013 , la economía muestra signos de desaceleración .

Con el agotamiento del ciclo de crecimiento impulsado por el consumo interno y la profundización de los efectos de la crisis internacional en el país, el espacio para la aplicación de una política económica expansiva también merma. El intento fallido del gobierno de Rousseff de impulsar un nuevo ciclo de crecimiento a partir de una mayor actividad del Estado burgués se topa con los límites estructurales del capitalismo dependiente y financiero, donde ni la autocracia de la clase dominante nacional se combina con los requisitos de ajuste fiscal permanente del gran capital internacional. Para superar los impasses inherentes a una economía dependiente en la coyuntura actual del capitalismo estaría siendo necesario un proceso de ruptura radical con las clases dominantes nacionales e internacionales y el fortalecimiento de la clase trabajadora. Sería necesario, por tanto, que el gobierno se posicione del lado de la clase trabajadora contra la burguesía. Sin embargo, la estrategia de los gobiernos petistas sería la de conciliación de clases fortaleciendo los aspectos de acción estatal que pudiesen soldar esa conciliación.

Cuando hubo algún crecimiento económico, fue posible para el Estado establecer una especie de conciliación entre capital y trabajo en la que ambos obtuvieron ganancias. No obstante, es importante resaltar que esas ganancias se dan dentro de un marco estructural definido: la sumisión a los marcos del capitalismo financiero y de la democracia burguesa. Trascender esos límites ya no forma parte del horizonte político del gobierno.

Así, podemos apuntar a un aspecto central que articula los elementos económicos, políticos y sociales de los gobiernos petistas: la aceptación del modelo social-liberal converge con la paulatina pérdida de radicalidad del PT y su encuadre dentro de los marcos institucionales de la democracia burguesa.

Superar el neoliberalismo en su totalidad estaría exigiendo a los gobiernos del PT romper con las clases dominantes, fortalecer la clase trabajadora y construir las bases para un conjunto de reformas que llevasen a la creciente politización y radicalización de la democracia. Es decir, el gobierno tendría que profundizar una estrategia de poder que se mantuviese vivamente arraigada en los movimientos sociales y en las disputas de la clase trabajadora contra las clases dominantes. Sin embargo, la vía de menor resistencia, o sea, aquella completamente delimitada por los marcos de la institucionalidad, definida a priori por las clases dominantes, impidieron a los gobiernos petistas asumir una política radical y crear las bases para una posible transición socialista. Las esperanzas por el socialismo brasilero, un socialismo nuevo, marcadamente democrático, ecosocialista, feminista y contrario a cualquier tipo de opresión nuevamente fue hecho a un lado.

Por un lado, es bien cierto que la clase trabajadora consiguió mejoras materiales. No obstante, esas mejoras no le permitieron superar la situación de sobreexplotación de la fuerza de trabajo, ni ampliar derechos, ni profundizar la conciencia de clase y radicalizar la política (LUCE, 2013). Un ejemplo de ello son los puestos de trabajo creados desde 2000 hasta 2010: alrededor del 95 % de los puestos de trabajo abiertos pagaban hasta 1,5 salarios mínimos, lo que nos permite afirmar que se trata de puestos de trabajo mal remunerados y en los que probablemente predomina la precarización de la fuerza de trabajo (POCHMANN, 2010, pág. 19). Esas mejoras fueron posibilitadas por un crecimiento económico de bases frágiles, que amplió la vulnerabilidad externa y consolidó a Brasil como una plataforma de valorización del capital ficticio (PAULANI, 2008). Además de que, “desconectados de posturas anticapitalistas, las ganancias materiales conquistadas llevan agua para el molino del estilo individualista de ascenso social, promoviendo valores de competencia y éxito en el lulismo” (SINGER, 2012, pág. 119).

La fragilidad de esas mejorías es más evidente en el actual momento de crisis económica. Recientemente, el Banco Bradesco presentó estimaciones a cerca de 4 millones de pesos que habían ingresado en la llamada “nueva clase media” regresarán a las clases D y E[vii]. Ese se debe fundamentalmente al aumento de desempleo y a la caída de los salarios reales. Según la Encuesta Mensual de Empleo del IBGE, la masa de ingreso real de los trabajadores ( es decir, la suma de toda la remuneración pagada a los trabajadores ) ha caído cada mes a partir de enero de 2015.

Mientras tanto, las ganancias de los grandes bancos nacionales aumentaron. La ganancia del Itaú en el 2015 es la mayor ganancia en toda la historia del sistema bancario brasilero, por una suma de R $ 23.35 millones de reales. Bradesco, a su vez, tuvo una ganancia de R $ 17,19 billiones.[viii]

La prioridad del gobierno queda más clara cuando analizamos el volumen de gastos destinados al pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública y aquel destinado a la Bolsa Familia. A modo de ilustración de nuestro argumento, en 2015 el pago de intereses y amortizaciones fue 35 veces más alto que el destinado a la Bolsa Familia. Encontramos una menor diferencia en el 2013, cuando el gasto total con intereses y amortizaciones fue cerca de 29 veces más que el total de la Bolsa Familia. Los valores están recompilados en la tabla de abajo:

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Fuente: Elaboración propia con dados del Portal da Transparência

Si el gobierno hubiese optado por fortalecer la clase trabajadora, el escenario económico sería distinto. El peso de la crisis económica no tendría que haber sido pagado a costa de la clase trabajadora, el gran capital tendría que entregar sus ganancias.

El profesor André Singer, caracteriza bien cómo fue posible la conciliación de clases promovida por las políticas de los gobiernos del PT y lo caracteriza como un “reformismo flaco”, en contraposición a un “reformismo fuerte” que habría predominado al PT en su origen. De acuerdo con Singer:

La propuesta de auto-organización para la lucha política de clases, que estaba en el corazón de los grupos que formaron el PT en la década democrática (1978-1988), no fue asumida por el gobierno de Lula.

Las condiciones para el programa contra la pobreza vendrían a neutralizar el capital mediante concesiones, no de confrontaciones. LA mantención de la tríada intereses altos, superávits primarios y cambio fluctuante, haría calmar al capital. Por otro lado, la simpatía pasiva de los trabajadores, para quienes la activación del mercado interno y la recuperación del mercado de trabajo representaban beneficios reales, garantizó la paz necesaria para que no se produzca la radicalización (…) (SINGER, 2012, pág. 188.)

Se trata, por lo tanto, de un reformismo que tenía un doble efecto sobre la capacidad de acción de la clase trabajadora: por un lado, permite un mayor acceso a los bienes y servicios que hasta ahora estaban restringidas a la clase media tradicional y las clases dominantes, por el otro, limitando la posibilidad de radicalización política.

Esto es lo inverso de lo que importantes teóricos marxistas tenían en mente cuando apuntaron a la ligazón existente entre reforma social y revolución socialista. Es el caso, por ejemplo, de Rosa de Luxemburgo que, en su polémica con Eduard Bernstein, afirma categóricamente que es imposible contraponer mecánicamente reformas y revolución. Para Luxemburgo, cabría al partido social-demócrata desenvolver el pasaje de esas reformas para la superación radical del modo de producción capitalista por medio de la revolución socialista. Según Luxemburgo:

Para la social-democracia, la lucha cotidiana por reformas sociales, por la mejora de condiciones del pueblo trabajador dentro del orden social existente, a favor de las instituciones democráticas, son el único camino capaz de dirigir la lucha de clase proletaria y de trabajar rumbo al objetivo final: la toma del poder político y la superación del trabajo asalariado. Para la social-democracia, hay un vínculo indisoluble entre la reforma social y la revolución social, en tanto la lucha por la reforma social es un medio, mientras que la transformación social es un fin (LUXEMBURGO, 2011 [1899], pág. 2).

Si hoy el gobierno petista se debate para salvarse de una grave crisis económica y política que deja al descubierto el carácter autocrático de las clases dominantes brasileras, frunciendo la nariz incluso ante el “reformismo franco” desarrollado por los gobiernos petistas, es porque el propio PT, a lo largo de sus gobiernos, garantizó a las clases dominantes las condiciones materiales para expandir y profundizar su hegemonía.

Con todo, esta constatación deja abierta una pregunta que se mantiene viva y actual: frente al escenario desafiante, ¿qué hacer?

 

 

4.A modo de conclusión: Los límites del social-liberalismo en América Latina y las tareas de la izquierda

A lo largo del artículo hemos señalado elementos de la historia reciente de América Latina que marcaron el acenso y caída de dos “ciclos” más o menos definidos: el neoliberalismo, que hasta mediados de la década de 1990 se mostró avasallador, pero que a fin de ciclo atravesó una fuerte crítica; y el ciclo que llamamos “social-liberalismo”, que tiene como fecha de inicio la elección de Chávez en 1998 y que, a nuestro parecer, actualmente agoniza.

El riesgo que correr la región de que nuevos gobiernos de derecha proliferen es real. El posible programa que sería ejecutado por esos gobiernos ya es conocido por nosotros: contrarreformas sociales, represión estatal y ajuste fiscal y salarial. El documento de PMDB deja clara la alternativa de la burguesía brasilera ante la crisis del social-liberalismo: “en primer lugar es necesario acabar con las vinculaciones constitucionales establecidas, como en el caso de los gastos de salud y educación” (pág. 9); “Otro elemento para la nueva planificación tiene que ser el fin de todas las regulaciones de salario, beneficios en pensiones y todo lo demás” (pág. 10); “es preciso ampliar la edad mínima para la jubilación” (pág. 11); “permitir que las convenciones sociales prevalezcan sobre las normas legales” (pág. 19).

El movimiento de la burguesía de acuerdo a ese programa ya existe: el proyecto de ley que reglamenta las tercerizaciones y las expande incluso en los servicios públicos; la ya anunciada “reforma fiscal” del gobierno, que prevé el fin de los reajustes salariales en el caso de que sea necesario para cumplir la meta fiscal; el Proyecto de Ley Complementaria 257/16, que estimula la privatización de estatales; los ataques a Petrobras, dentro de otras medidas.

El acrecentamiento de las contradicciones del capitalismo dependiente impulsa a la lucha de clases entre las facciones de la burguesía y la clase trabajadora en la región. Es por esto que la disputa se centra rededor de las vías de superación de la crisis. Desde el punto de vista del capital, la solución pasa por la reconstrucción de las condiciones de acumulación. Más desde el punto de vista de la clase trabajadora la solución pasa por organizar las resistencias, los levantamientos populares, las rebeliones y de aprovechar las divisiones y fragilidades del régimen burgués para superar el modo de producción capitalista.

Por lo tanto, urge la formación de una alternativa de izquierda radical para el próximo período, que seguramente será de mayor polarización y de grandes enfrentamientos entre los proyectos de las clases dominantes y la clase trabajadora.

En este artículo no pretendemos formular “recetas” a seguir por la izquierda latinoamericana. Nuestro objetivo es aportar elementos para una salida por la izquierda al periodo que actuablemente atraviesa Nuestra América.

Primero, el tema de la “corrupción” que golpea a los gobiernos “populares” debe ser atendido con cautela por la izquierda. El papel de las organizaciones sociales debería ser el de politizar el debate entre la clase trabajadora y escapar a juzgamientos morales sobre cuán corrupto es un candidato o el gobierno. La corrupción siempre estuvo ligada al funcionamiento del capitalismo. Por lo que, la superación de la corrupción sólo se logrará con la superación del capitalismo.

En segundo lugar, frente a la compleja coyuntura por la que pasamos, las organizaciones deben estar más dispuestas a escuchar el clamor de las calles, en vez de intentar imponer sobre la masa sus lemas y lecturas acerca de la coyuntura. Se trata de recuperar una antigua reflexión sobre cuán pernicioso es el vanguardismo ciego y autoritario. Como diría Rosa Luxemburgo en su dura crítica al bolchevismo: “no existe un conjunto detallado de tácticas, ya establecido, que un comité central pueda enseñar a los miembros de la social-democracia, como si fuesen reclutas” (LUXEMBURGO, 2011 [1904], pág. 158).

En tercer lugar, consideramos que la izquierda latinoamericana debe manifestarse sobre un proyecto de socialismo. No se trata ya del vago “pos-neoliberalismo” o “desarrollismo”, sino de un proyecto que se asuma abiertamente socialista. Con esto, no tenemos en mente una vaga idea de algo más “social”. Tenemos en mente la construcción de un modo de producción sin propiedad privada, sin Estado, sin clases, sin opresores y ecológicamente viable.

Para finalizar, nos gustaría retomar un escrito del difunto compañero Daniel Bensaïd que este año cumpliría 70. En uno de sus últimos libros publicados en Brasil, Los irreductibles, Bensaïd buscaba plantear algunos “teoremas” que ayudasen a la reconstrucción de la izquierda revolucionaria después del stalinismo, el avance del neoliberalismo y de la “posmodernidad”. La palabra de Bensaïd es dura como el momento que pasamos: “Estamos en medio de una transición incierta, donde lo viejo agoniza sin ser abolido y lo nuevo pelea por surgir, entre un pasado aún no superado y el descubrimiento balbuceante de un nuevo mundo” (BENSAID, 2010, pág. 22).

  1. Referencias

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[i] Maestrando en Historia Económica en la Universidad de San Pablo.

[ii] Doctoranda en Ciencias Sociales en la Universidad Estatal Paulista “Júlio Mesquita Filho” – Campus de Marília/SP e investigadora sobre el Gobierno Lula da Silva y la política externa para con Bolivia (2003-2010).

[iii] Hijo de pequeños agricultores del nordeste del país, emigró conb la familia para huir del flagelo de la sequía y el hombre presentes en la historia del país. En San Pablo, el joven migrante del nordeste encontró la formación necesaria, integrándose en la fracción del proletariado industrial (DEO, 2011, p. 14).

[iv] Disponible en: < http://www.pt.org.br/wp-content/uploads/2014/03/cartadeprincipios.pdf>. Visitado el día 02/04/2016.

[v] Disponible en: < http://novo.fpabramo.org.br/content/encontros-nacionais-do-pt-resolucoes>. Visitado el día 02/04/2016.

[vi] Disponible en: <https://www.pt.org.br/wp-content/uploads/2014/04/manifestodefundacaopt.pdf>. Visitado el día 02/04/2016.

[vii] Disponible en: <http://www.valor.com.br/brasil/4385346/crise-devolve-quase-4-milhoes-classes-d-e- e>. Visitado el día 02/04/2016.

[viii] Disponible en:< http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016/02/lucro-do-itau-unibanco- atinge-r-2335-bilhoes-em-2015.html> e <http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2016/01/lucro- do-bradesco-cresce-para-r-1719-bilhoes-em-2015.html>. Visitado el día 02/04/2016

O papel da esquerda na América Latina: as contradições e limites do projeto social-liberal

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