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Democracia Socialista

Disciplina social y crisis del capital

Enfrentamos un nuevo año electoral en medio de una crisis capitalista de peso, controlada apenas superficialmente por la política económica del gobierno. El día a día de vivir y padecer la crisis del capital agota los cuerpos. El plan económico de ajuste y ataque sobre la clase trabajadora alcanzó nuevos niveles de agudización luego del acuerdo con el FMI. La lluvia de dólares en forma de inversiones que nunca llegó, arribó ahora sí en forma de deuda que nos condena a pagos regulares de acá a un siglo. Ya a fines de 2018 el macrismo mostró su peor cara. Asistimos al desplome de todos los indicadores de la economía, lo que nos recuerda los peores años de la Argentina: pérdida de puestos de trabajo, recesión, caída del consumo, caída del salario.

La escalada del dólar, la inflación que la acompaña y la insuficiencia de las paritarias, empujan a lxs que menos tienen a apenas arañar la subsistencia, afectando en mayor medida a las mujeres, lesbianas travestis y trans, que son las que tienen mayor participación en los trabajos precarizados (trabajos no formales, de medio tiempo, mal pagos; las mujeres perciben 28% menos de ingresos que los varones en el mercado formal y 34% menos de ingresos en el mercado informal) y al resto de la clase trabajadora que aún conserva ciertos pocos privilegios económicos, a acostumbrarse a la incertidumbre, a la resignación y al miedo cotidianos de vivir en la era Cambiemos. En este contexto, crece de manera concomitante la exigencia sobre los cuerpos feminizados de garantizar en el ámbito de lo (re)productivo no remunerado lo que el mercado a duras penas satisface en el ámbito de los trabajos pagos.

Desde sus inicios el macrismo apostó por reactivar la economía con recetas neoliberales, basadas en el pensamiento económico ortodoxo o mainsteam que considera que el crecimiento está tirado por la oferta y no por la demanda como entiende la heterodoxia. Es decir, aplicó políticas dirigidas a dar “incentivos” a la oferta (bajar costo laboral/salarios, eliminar trabas a la importación, a la compra de moneda extranjera, liberar el tipo de cambio) y castigar a la demanda (tasas de interés altas, recortes en el gasto) por considerarla culpable del déficit fiscal y de los altos niveles de inflación.  Sin embargo, estas políticas fracasaron, no pudieron controlar ni el dólar ni los precios.

La crisis adquirió una nueva forma a partir de la secuencia abierta entre las movilizaciones de diciembre de 2017 y la crisis cambiaria de abril de 2018. Cuando el gobierno, fortalecido políticamente por el desempeño electoral de octubre, decidió emprender las reformas previsional, laboral y tributaria consumió su capital político en los enfrentamientos callejeros frente al Congreso. Entonces, enterró el “reformismo permanente” e intentó canjear inflación por crecimiento reduciendo las tasas de interés. La fuga de capitales iniciada en mayo de 2018 fue la respuesta descoordinada, no planificada, de los capitales individuales al desafío popular de diciembre. Frente a un nuevo intento de posponer el ajuste precipitaron la crisis. Las políticas de desregulación cambiaria y financiera generaron mayor vulnerabilidad e inestabilidad y favorecieron la especulación. Durante los primeros seis meses del 2018, se fugaron más dólares de los que llegaron por el FMI, las tasas de interés llegaron al 60%, los niveles de endeudamiento/pbi se convirtieron en los más altos de toda la región, se registró una tasa de inflación histórica del 47% en 2018 y la pobreza arribó al 34%, la tasa más alta de la década. El inicio de la crisis abierta señala el terreno de resolución de la relación de fuerzas. Eso es lo que está actualmente en cuestión.

Las elecciones y las luchas sociales

Decimos siempre que hay que leer los vaivenes electorales como momentos de la lucha de clases, que expresan y condensan correlaciones de fuerzas sociales pero no son su mero reflejo superestructural pasivo, sino que inciden en ellas, las organizan, modifican y movilizan en uno u otro sentido. El kirchnerismo expresó un gobierno de compromiso de clases que garantizó la gobernabilidad post-2001 y fue a su vez posibilitado por el ciclo alcista del capital (relacionado con la exportación agropecuaria fundamentalmente). El macrismo da cuenta tanto de un avance de la clase dominante como de las compulsiones impuestas en la acumulación a partir de la crisis global de 2008 (con sus efectos diferidos en la economía local).

Una vez en el poder, el macrismo se dedicó rápida y decididamente, pero no sin avances y retrocesos, a implantar una serie de medidas agresivas contra la clase trabajadora. Si el kirchnerismo en el gobierno expresaba un estado de compromiso de clases basado en la incorporación parcial de demandas populares, el macrismo pretende instalar una hegemonía derechista donde se acepte que la reducción del salario real y el avance sobre conquistas simbólicas y materiales progresistas es una condición necesaria para la llegada de inversiones y por lo tanto para el despegue económico. La agresividad, regularidad y direccionalidad de las políticas macristas es visible y no está en cuestión. Es claro que este gobierno significa en todo sentido un giro regresivo y que nos enfrenta a una situación defensiva, delicada y peligrosa.

Sin embargo, el ascenso de Cambiemos al poder no implica de inmediato la consolidación de una nueva correlación de fuerzas entre clases sociales. El movimiento popular y obrero en Argentina está en retroceso pero no está derrotado. Varios factores confluyen en esto. El primero es que el kirchnerismo se retiró del poder, dentro de sus límites, con las “banderas en alto”, es decir, mediante un mecanismo de aplazamiento del ajuste. Si el sentido global de sus 12 años de gobierno fue restituir la paz social y la gobernabilidad, y si los pilares económicos de su proyecto estaban carcomidos por la propia dinámica del capital, sin embargo, no hubo un derrumbe social, económico ni político durante la era kirchnerista. Esto significa que Cambiemos tiene la dura tarea de imponer un proyecto claramente derechista sin el respaldo que le daría un desmoronamiento de los consensos sociales progresistas del ciclo anterior. Esto marca una diferencia con, por ejemplo, el menemismo, que podía operar sus reformas con una clase trabajadora aleccionada por la hiperinflación. La apelación al “consenso negativo” (“lo que nos gobierna es malo pero es la única, o la menos mala, de las opciones”) se dificulta cuando el gobierno anterior se fue de manera “ordenada” y sin descargar un ataque brutal (como el acometido por el macrismo en apenas meses) sobre las espaldas de la clase trabajadora.

Otros elementos de contexto dificultan la situación del macrismo, fundamentalmente en términos de restricción externa y ausencia de posibilidades de despegue del capitalismo global en el corto plazo. Lo magro de las inversiones recibidas, a pesar de lo abyecto que es el gobierno actual de cara a acreedores, potencias capitalistas, organismos financieros internacionales e intereses empresarios, da cuenta de esta dificultad global. Un eventual relanzamiento de la acumulación a base de recetas neoliberales se ve como un horizonte lejano e improbable, lo que condiciona negativamente las posibilidades de legitimación democrática a largo plazo de la alianza Cambiemos o de su núcleo ideológico, el PRO.

Por otro lado, no hay que perder de vista que el año pasado el movimiento feminista fue protagonista de la lucha social en las calles, el nivel de masividad, radicalidad y transversalidad impregnó cada ámbito de la política y no hay vuelta atrás; las multitudinarias convocatorias por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito el año pasado siguieron en la línea de las asambleas transversales que llevaron a cada Paro de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de los 8 de marzo (2017, 2018 y 2019); las movilizaciones de las marchas de Ni Una Menos cada 3 de Junio y que sin duda, son deudores de más de 30 años de Encuentros Nacionales de Mujeres y de discusión feminista, lesbiana, trava y marica que viene enhebrándose con paciencia y sin pausa desde los años ‘70 en nuestro país. La masividad en la calle, los altos niveles de debate a los que arribamos, la proliferación de ellos en lugares de trabajo, gremios -con ocupación de la CGT incluída-, universidades, plazas, programas de televisión y hasta medios de transporte, fueron conquistas ganadas a pulmón por un movimiento feminista que se hizo de masas y que consolidó con muchísimo esfuerzo una red unitaria y plural por el derecho al aborto y detrás de la consigna del Paro Internacional. Entendemos lo acumulado como un piso irrenunciable en el que se conjugaron alianzas tácticas con proyección estratégica, en donde el derecho al aborto legal, seguro y gratuito se construyó indisociado del derecho a la salud pública, a la educación sexual integral, a la autonomía corporal, a una vida sin violencias, a la impugnación de roles de género estancos. Los Ni Una Menos y los 8M desde el 2017 vienen incorporando consignas en contra de las políticas neoliberales que nos afectan particularmente a las mujeres, lesbianas, travestis, trans y maricas, que precarizan nuestras vidas, que endeudan nuestras cuerpos, denunciando que “eso que llaman amor es trabajo no pago”; en el Foro Feminista Contra el G20 que tuvo lugar en octubre del año pasado, agrupaciones feministas del campo popular logramos poner sobre la mesa la relación entre el capitalismo heteropatriarcal y la feminización de la pobreza, la relación directa entre medidas neoliberales de desregulación financiera con los flujos ilícitos, la fuga de capitales y las actividades criminales que explotan el cuerpo de las mujeres, como la trata de personas y el narcotráfico. El multifacético movimiento feminista es uno de los pilares sobre los que debe asentarse la lucha contra el neoliberalismo. Y si hay algo que termina de convencernos de ello es constatar cuáles son las fuerzas que se encolumnan en la contraofensiva hacia nuestras luchas a nivel local, regional y mundial: la derecha conservadora y los fundamentalismos religiosos que agrupan tanto a iglesias evangélicas como a la histórica enemiga de las mujeres y disidencias sexuales, la Iglesia Católica en tanto institución.

A pesar de todo ese aire fresco en las calles, no podemos desconocer la emergencia y consolidación, desde el ciclo de movilizaciones de masas anti-kirchneristas iniciadas en el 2008, de una cierta politización autoritaria de un sector de las clases medias y altas que da lugar a una “derecha social» que hoy es la base de sustentación del macrismo. Cambiemos parece asentarse como referencia de una porción de la sociedad que vira hacia posiciones “individualistas autoritarias”, donde se mezclan el rechazo a la “politización” de las necesidades de los sectores populares, el anti-feminismo y la homofobia más o menos abiertos, el refuerzo autoritario-represivo frente a la protesta social y la delincuencia y la apología del mercado como la más eficiente y más justa forma de organización de la vida colectiva. El macrismo ha legitimado estos núcleos de sentido desde medidas y discursos como recortes de presupuesto en programas con contenido de políticas de género, derechos humanos, acceso a la justicia, el 2×1, la criminalización de trabajadorxs, manifestantes, y militantes, la persecución de gente en situación de calle, la represión más cruenta en las marchas, la doctrina chocobar, estrecho vínculo con las cúpulas evangelistas y organizaciones provida, sobretodo en PBA.

 

“Hay un gran caos bajo el cielo”

El conjunto de la situación político-social se desliza sobre un angosto desfiladero, con el  trasfondo de una gran incertidumbre económica, política, social y electoral.

Para empezar, todo el cuadro reposa sobre una variable que nadie controla: la estabilidad macroeconómica o, para ser más precisos, el valor del dólar. Una nueva corrida cambiaria podría afectar decisivamente el ciclo político y desorganizar los planes de un tránsito ordenado de la crisis.

En segundo lugar, esta incertidumbre conduce a una gran inestabilidad política, tanto en el oficialismo como en la oposición. La crisis política del gobierno se expresa en las tensiones entre el PRO y el radicalismo y también al interior del elenco gobernante con la aparición de dudas sobre la candidatura presidencial de Macri y la posibilidad de un reemplazo por Vidal (“el plan V”). La crisis consolida el espacio de CFK (en torno al 30/35% electoral) pero todavía sufre dificultades para enfrentar un balotaje y no se descarta la idea de que podría abdicar de la candidatura presidencial a cambio de un gran peso en las listas al parlamento. Por otro lado, la actual crisis le ha dado un aire nuevo a la “hipótesis Lavagna”: la “bala en la recamara” de las clases dominantes que, ante el posible declive del macrismo, podrían apostar a un candidato de “Unidad nacional” que incluya a la UCR, al peronismo anti-kirchnerista, al PS y otros sectores. La “liquidez” política habla de la magnitud y la incertidumbre de la crisis en curso.

En tercer término, se puede hablar de una inestabilidad en el terreno social. Por ahora, el gobierno se anotó un triunfo parcial durante 2018, pudiendo dar un salto en su política de ajuste sin afrontar un estallido social ni perder competitividad electoral (“En la Argentina nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el Gobierno», presumió el ministro Dujovne). Hubo movilizaciones y resistencia social, pero no la irrupción de un movimiento de masas que desorganizara de conjunto la situación, en el contexto del mayor golpe al salario desde 2002. La mayor demostración de fuerzas de las clases populares fue en diciembre de 2017, donde la movilización contra la reforma previsional le hizo perder al gobierno en días todo el capital acumulado electoralmente y enterrar su “reformismo permanente”. Pero no hemos asistido a la emergencia de un gran movimiento social: no tuvimos nuestros “chalecos amarillos”, nuestros “indignados”, ni un “nuevo 2001”, al menos por ahora. Hay una gran tensión sobre las relaciones de fuerza y los equilibrios heredados del ciclo anterior. La “relativa desmovilización” (de las luchas no protagonizadas por el movimiento feminista) de 2018 responde a múltiples factores, uno de ellos es la decisión de las principales direcciones sindicales y políticas, incluyendo al kirchnerismo, las que fortalecen su actitud de “dadores voluntarios de gobernabilidad” ante la cercanía de las elecciones (lo que puede simbolizarse en la frase de Juan Grabois de que “un estallido favorece a la derecha” o de Hugo Yasky aclarando que no iba a hacer paro en un año electoral). En esta “relativa desmovilización” aparece una señal de alarma, tal vez no definitiva, a la que prestar atención. Si no desconocemos sectariamente lo que se condensa en una derrota electoral del macrismo, debemos tener claridad respecto a que la disputa estratégica es por el desarrollo de una movilización social de gran escala que evite una nueva administración del ajuste en la que avancen los conservadurismos familiaristas homolesbotransbifobicos de derecha, que se reafirmen los núcleos de sentidos individualistas autoritarios, que el pensamiento económico que rija sea atacar al salario y al gasto para salir adelante y se pongan en riesgo las libertades democráticas conseguidas.    

Por último, la lucha social y política se condensa electoralmente. La notable inestabilidad e incertidumbre global también afecta a las elecciones por venir, donde incluso las candidaturas de las dos principales figuras de la política nacional (CFK y Macri) no están del todo garantizadas. Por parte del kirchnerismo, asistimos a una pejotización que solo tiene paralelos en la relación Kirchner-Duhalde de 2003 y que incluso mantiene abierta la cuestión sobre la candidatura presidencial. Hasta la primera vuelta, vamos a ver una gran moderación de CFK (que incluirá acuerdos con los gobernadores, Duhalde, la Iglesia, los evangélicos, “el diablo y su abuela”) y señales de gobernabilidad hacia las clases dominantes. Sin embargo, un hipotético balotaje entre Macri y CFK va a ser un momento de extrema tensión social y política, de impacto regional sobre todo en el contexto de la posible estabilización de un régimen político autoritario en Brasil y con la crisis venezolana tal vez no resuelta, que volvería irresponsable cualquier neutralismo o abstencionismo por parte de la izquierda y las fuerzas populares.

Gobierne quien gobierne, va a ser clave el condicionamiento que imponga la movilización social, para evitar que la crisis se transforme en una gran “derrota social” para las clases populares. Es importante mantener la lucidez y forjar una comprensión adecuada de nuestras tareas para no perder el equilibrio ante las batallas y las convulsiones que se vienen.

 

23 Abril de 2019

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